Ese año marcó el auge de Boko Haram, la insurgencia islamista cuya campaña por un califato en el Sahel desencadenó uno de los capítulos más brutales de la historia moderna de Nigeria. Desde entonces, facciones extremistas —incluyendo a Boko Haram, ISIS-África Occidental y pastores armados fulani— han dejado un rastro devastador de santuarios incendiados, congregantes masacrados y comunidades destrozadas.
Establece paralelismos con Anatolia, antaño el corazón del cristianismo bizantino antes de su transformación bajo el dominio otomano, y con partes de Egipto donde las comunidades cristianas menguaron bajo siglos de presión islamista. «Lo que ocurrió en Constantinopla o Asiut se está desarrollando en Nigeria hoy», advirtió. «A menos que se tomen medidas urgentes, quedará poco cristianismo aquí dentro de cincuenta o cien años».
Las voces internacionales están empezando a tomar nota. En Washington, el senador Ted Cruz presentó la «Ley de Responsabilidad por la Libertad Religiosa de Nigeria» el 11 de septiembre, instando al Departamento de Estado a designar a Nigeria como «País de Especial Preocupación» y a mantener las sanciones contra Boko Haram e ISIS-África Occidental. «Los cristianos están siendo ejecutados por su fe, obligados bajo la sharia y sometidos a leyes de blasfemia», argumentó Cruz. «Debe haber costos reales para los funcionarios nigerianos que permiten estas atrocidades».
El mosaico religioso de Nigeria subraya la gravedad de esta tendencia. Se estima que en el norte viven 40 millones de cristianos, junto con 76 millones de musulmanes, mientras que en el sur hay 70 millones de cristianos y 24 millones de musulmanes. Sin embargo, a pesar de este balance, Umeagbalasi sostiene que el Estado nigeriano ha sido cómplice, si no facilitador activo, del avance del islamismo radical. «El objetivo ya no es gobernar ni reformar Nigeria», declaró con crudeza, «sino obligar a la nación a someterse a la ideología radical».
Umeagbalasi acogió con satisfacción la propuesta, calificándola de «aliento moral» para quienes luchan por proteger a las comunidades cristianas. Aun así, los defensores advierten que la legislación por sí sola no detendrá la marea a menos que esté acompañada de intervenciones diplomáticas, humanitarias y de seguridad sostenidas.
