La resolución judicial ordena la confiscación de todos los bienes del monasterio —incluyendo propiedades, bibliotecas, reliquias e invaluables manuscritos e iconos— y establece que su gestión pasará íntegramente al Estado. A los veinte monjes que integran la comunidad se les restringe el acceso a algunos espacios, permitiéndoseles permanecer solo con fines litúrgicos y bajo condiciones impuestas por las autoridades civiles.
Santa Catalina, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha sido durante siglos un símbolo de coexistencia y respeto interreligioso. Tradicionalmente considerado un vakuf —lugar sagrado respetado por el islam—, había contado con la protección de comunidades beduinas y del propio Estado egipcio, incluso en tiempos de agitación política.
©CNS photo by Patrick Godeau
Sin embargo, desde hace años el monasterio ha sido objeto de acciones judiciales promovidas por diversas instancias del aparato estatal egipcio. Algunos analistas atribuyen esta ofensiva a sectores radicales del llamado “Estado profundo”, especialmente desde la era de los Hermanos Musulmanes, y señalan la incapacidad del presidente Abdel Fattah al-Sisi para contener esas presiones.
Aunque funcionarios como el arqueólogo Abdel Rahim Rihan han defendido la sentencia como una acción destinada a “valorizar el patrimonio en beneficio del mundo y de los propios monjes”, desde la comunidad religiosa se denuncia una “expulsión de facto” y una amenaza directa a la supervivencia del lugar como centro espiritual.
El impacto de la sentencia ya ha traspasado fronteras. Grecia ha reaccionado con dureza ante lo que considera un atentado contra un símbolo del helenismo y de la ortodoxia. El arzobispo greco ortodoxo de Atenas, Ieronymos, expresó su indignación: “No quiero y no puedo creer que hoy el helenismo y la ortodoxia estén viviendo otra ‘conquista’ histórica. Este faro espiritual se enfrenta ahora a una cuestión de supervivencia”.
Tanto el Gobierno griego como el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla manifestaron su profundo rechazo a la decisión, que califican de inaceptable y preocupante para el futuro del emblemático enclave religioso.
El ministro griego de Asuntos Exteriores, George Gerapetritis, se comunicó de forma inmediata con su homólogo egipcio para expresar la posición oficial de Grecia. “No hay lugar para desviarse del entendimiento común de ambas partes, expresado por los líderes de los dos países en el marco del reciente Consejo de Alta Cooperación celebrado en Atenas”, recalcó el ministro, en alusión a los compromisos bilaterales en materia de respeto al patrimonio cultural y religioso.
Por su parte, el Patriarca Ecuménico Bartolomé I, máxima autoridad espiritual de la Iglesia ortodoxa, mostró su consternación ante lo que considera un atentado contra el régimen histórico de protección del monasterio. “El Patriarcado Ecuménico fue informado con dolorosa sorpresa de que el tribunal competente de Egipto ha puesto en entredicho el régimen de propiedad del histórico Santo Monasterio del Sinaí”, lamentó en un comunicado.
La comunidad monástica ha anunciado el lanzamiento de una campaña internacional de sensibilización e información dirigida a Iglesias, comunidades religiosas y organismos internacionales, con el objetivo de revertir la medida. El contexto geopolítico añade aún más tensión: Egipto se encuentra actualmente inmerso en la crisis regional derivada del conflicto en Palestina y de la presencia de grupos yihadistas en la península del Sinaí, algunos de los cuales han amenazado directamente al monasterio en el pasado.
Con esta expropiación, no solo se rompe una tradición de autonomía monástica milenaria, sino que se reabre una herida diplomática y eclesial de largo alcance. El futuro de Santa Catalina, joya espiritual del cristianismo oriental, queda ahora en entredicho.
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